Lauriza Silva se ve con un celular y un micrófono cerca al edificio federal en San Francisco en una manifestación contra el cierre del TPS. Lauriza es hija de Claudia y Johnny Silva ambos inmigrantes amparados con el programa TPS. (Foto de cortesía).
16 de julio del 2020
Lorena Rojas
Los activistas del Área de la Bahía que apoyan una demanda contra el gobierno por la suspensión del programa Protección de Estatus Temporal, (Temporary Protected Status), fueron el 24 de junio en caravana desde la iglesia San Antonio en la calle César Chávez hasta el edificio federal donde está el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, para llamar la atención de que el programa sigue vigente hasta que un juez dé una resolución, la cual esperan que sea durante este verano.
Marlene Quintano del ministerio de Justicia Social de la iglesia San Kevin en San Francisco, ayuda a los “tepesianos” con el apoyo de la organización sin fines de lucro Fe en Acción, dijo al San Francisco Católico que la caravana se hizo para recordar que el TPS está bajo esta demanda en el tribunal en San Francisco porque la administración Trump terminó el programa en noviembre del 2017.
Para pedir que el programa continúe, los beneficiarios de TPS de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador y sus hijos ciudadanos estadounidenses presentaron la demanda “Ramos v. Nielsen” en marzo del 2018, argumentando que la terminación de la Protección del Estatus Temporal para estos países es ilegal porque no se siguió el procedimiento administrativo, dicen los afectados.
Otra demanda conocida como “Bhattarai v. Nielsen” fue presentada por personas de Honduras y Nepal amparados bajo la protección del TPS y sus hijos nacidos en EE.UU., alegando las mismas razones de ilegalidad en la terminación del programa, según el portal de internet de la Alianza Nacional de TPS.
El TPS es un estatus de residencia legal temporal en Estados Unidos para las personas de países afectados por conflictos armados o desastres naturales. Entre los diez países beneficiarios de este programa se suman más de 300.000 personas amparadas bajo este beneficio en EE.UU., la mayoría de ellos son de El Salvador, Honduras y Haití. Estos tres representan el 90% de todas las personas amparadas bajo este programa.
Fredy Torres es un hondureño que se acogió a la protección del TPS después de que el huracán Mitch, en 1998 devastó su país dejando alrededor de 7.000 muertos, lo que hizo a los habitantes de este país elegibles para buscar el amparo del TPS.
Desde entonces Torres tiene un estatus legal en los Estados Unidos. Este programa le permite tener un número de seguro social y poder trabajar legalmente en el país, así como comprar propiedades y tener una licencia de conducir entre muchos otros beneficios.
Gracias al TPS, Torres trabaja como constructor en el Área de la Bahía y es el sostén económico de sus cuatro hijos de 17, 15, 9 y 6 años, y de su esposa que se dedica a tiempo completo al cuidado de la familia y de la casa.
A Torres le preocupa lo que podría pasar si la corte falla a favor de la terminación del programa. “Si perdemos el TPS, como el gobierno tiene nuestros datos podría comenzar las deportaciones”, dijo. Agregó que quienes sufrirían más las consecuencias serían las personas que trabajan en los campos agrícolas, muchos de ellos no saben leer ni escribir, dijo Torres.
El obispo auxiliar Mario E. Dorsonville de Washington, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, (USCCB por sus siglas en inglés), dijo el 4 de junio de este año que "lamentablemente, los “soñadores” y los beneficiarios de TPS siguen siendo vulnerables y sin estatus legal permanente".
"Esta continua incertidumbre para los ‘soñadores’ y los beneficiarios de TPS llega en un momento durante la pandemia de COVID-19 cuando muchos ‘soñadores’ y beneficiarios de TPS están, junto con ciudadanos estadounidenses en primera línea haciendo trabajos esenciales para nuestro país como atención médica, suministro de alimentos y transporte", dijo el obispo Dorsonville.
Las personas que se han acogido al TPS deben renovarlo periódicamente y depende del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos si les concede o no continuar amparados bajo el programa.
Más de 273.000 niños nacidos en Estados Unidos tienen al menos uno de los papás amparado bajo el TPS.