10 de diciembre de 2019
Araceli Martínez
Hace cuatro meses que Ezequiel Aguilar, un joven inmigrante de Guatemala llegó al Área de la Bahía de San Francisco en espera de que el gobierno de Estados Unidos le apruebe su petición de asilo político.
Ezequiel forma parte de la oleada de inmigrantes que ha escapado de Centroamérica en busca de protección en los Estados Unidos, en momentos en que la administración del presidente Trump trata de limitar y endurecer el acceso al asilo político, incluso de forzar que muchos de los solicitantes permanezcan en México mientras esperan una decisión en sus caso.
“Pasé casi un año detenido en el Centro de Detención Mesa Verde de Bakersfield”, cuenta Ezequiel de 21 años de edad.
Él escapó de Guatemala el 10 de julio de 2018. En el recorrido por México se unió a un grupo de 21 centroamericanos que venían rumbo al Norte.
“Fueron 12 días de un viaje terrible con mucho peligro. Nos traían en trocas (camiones), ‘vans’, no nos daban comida, no nos podíamos bañar, comíamos una vez al día y abusaban de las mujeres en el camino”, recuerda Ezequiel.
Cuenta que huyó de Guatemala por razones económicas, pero sobre todo por la inseguridad. Atrás dejó a sus padres y cinco hermanos. “Hay mucho enfrentamiento con las pandillas. Uno no tiene el respaldo de la policía. Nunca hacen nada”, dice.
No me podía ir a otros departamentos en Nicaragua porque es la misma situación. Son organizaciones que controlan todo”, dice.
Cuando logró entrar a los Estados Unidos, fue condenado a pasar casi un año en detención migratoria. “El trato es inhumano. Es algo muy feo estar ahí adentro, no se lo deseo a nadie”, se lamenta.
Sin abogados y sin pruebas acudió a 11 audiencias en la corte y en todas le negaron el asilo. “Ahora tengo que hacer mi apelación al Noveno Circuito”, dice.
Gracias a tres organizaciones: Libertad para Inmigrante, Dolores Street y Kehilla logró salir libre con el pago de una fianza de 5.000 dólares.
“Me siento feliz por estar libre y con deseos de hacer algo, pero a la vez estoy desesperado porque no tengo un permiso para trabajar, no cuento con una identificación, estoy sin dinero y me siento aislado”, sostiene.
Sin embargo, le preocupa que le hayan negado el asilo y las autoridades de migración no comprendan la realidad de los refugiados.
Diana Otero, directora de la División de Servicios de Migración de la organización Caridades Católicas, dice que el número de solicitantes de asilo que buscan ayuda se ha duplicado en el último año.
“Son solicitantes de asilo que han pasado la entrevista de miedo creíble, y cuyo casos están ahora en manos de un juez”, explica.
Los solicitantes de asilo sufren de angustia y se sienten un poco perdidos porque no saben dónde buscar asesoría legal. “Están luchando por su porvenir y su única esperanza de un mejor futuro, pero se encuentran con que no conocen el sistema de los Estados Unidos”, afirma.
En San Mateo, los solicitantes tienen en su contra que las cuatro o cinco organizaciones que ofrecen ayuda legal no se dan abasto para atenderlos y representarlos en la corte.
“El 76% de los inmigrantes que llegan a la corte con un abogado tienen más probabilidades de ganar su caso. Solo el 15% de los que van solos ganan”, precisa.
En Caridades Católicas tienen seis abogados, y están tratando de contratar más para ampliar sus servicios. “Cada lunes llegan 40 personas nuevas en busca de servicios legales de migración. Al mes tomamos y referimos alrededor de 160 casos”, explica.
La recomendación que Diana da a los inmigrantes es que durante el primer año de su llegada al país, presenten su solicitud de asilo, y no pierdan la oportunidad.
La reverenda Deborah Lee del “Movimiento Interreligioso para la Humanidad Integrada” (Interfaith Movement for Human Integrity) dice que la gente del Área de la Bahía ha apoyado mucho a los solicitantes de asilo, ofreciendo sus casas para que tengan un techo.
“Estamos también entrenando voluntarios para que acompañen a los recién llegados”, dice.
Sin embargo, expone que el mayor desafío es la disponibilidad de vivienda. “Muchos de los refugiados tienen familia, pero en sus casas ya viven sobrepoblados y no los pueden recibir, o tienen limitaciones para incluir a alguien más”, dice.
El segundo desafío es que no hay suficientes abogados para tomar los casos de asilo. “Hay muchos recursos en las ciudades pero es tanto el aumento de inmigrantes que no es suficiente. Es muy difícil para las agencias y organizaciones no lucrativas dar citas para todos”, dice.