Guillermina Castellanos se ve hablando por micrófono junto a un grupo de mujeres de La Colectiva. (Fotos de cortesía).
27de abril del 2020
Lorena Rojas
San Francisco Católico
Muchos inmigrantes indocumentados en San Francisco han perdido sus trabajos desde que comenzó la crisis por el COVID-19 y no califican para recibir el incentivo federal de 1.200 dólares, ni para el seguro de desempleo por no tener documentos legales.
Algunos fondos de instituciones públicas y estatales parecen ser una buena opción en este momento de emergencia pero el laberinto burocrático para obtenerlos agrega aún más ansiedad de la que ya tienen por la pandemia.
Debido a esta situación, Guillermina Castellanos, codirectora de La Colectiva, una organización que aboga por mujeres trabajadoras del hogar en San Francisco y miembro de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, entre otras organizaciones se ha unido a otros grupos comunitarios de San Francisco buscando vías para ayudar a las personas indocumentadas de San Francisco a alcanzar estos recursos.
El proceso administrativo para llegar a donde están los programas de asistencia ha sido muy engorroso, según Castellanos. “Recientemente, una de las instituciones públicas anunció la entrega de una ayuda de 500 dólares para las familias de San Francisco con niños escolares. Yo le mandé el link a las personas (interesadas) y era una cosa desesperante…agregaba aún más a la crisis emocional porque los mandaban de un teléfono a otro teléfono y luego que no hablan inglés. Eso fue muy estresante”, dijo Castellanos.
“Vimos que eso iba a ser un poco difícil por la estructura y por los retos que tiene nuestra comunidad de no tener, a lo mejor, una cuenta de banco para cambiar cheques. A lo mejor no tienen un ITIN” (número de contribuyente), según la codirectora de La Colectiva.
Los líderes de las organizaciones de San Francisco comenzaron a buscar formas como conseguir que los recursos económicos que hay en las instituciones públicas de San Francisco sean más fáciles de alcanzar por los trabajadores indocumentados.
Así mismo se han dado a la tarea de ayudar a estas personas a llenar las aplicaciones, tanto para los programas locales como para la ayuda estatal para personas sin documentos que recientemente anunció el gobernador de California Gavin Newsom.
Por iniciativa de Castellanos se creó en marzo de este año Undocufund San Francisco, https://www.undocufund-sf.org un fondo integrado por las organizaciones comunales locales La Colectiva, Chinese Progresive Association, Mujeres Unidas y Activas, PODER (People Organized to Demand Economic and Environmental Right), Jobs with Justice San Francisco y Young Workers United.
Los líderes de estos grupos han pedido a los supervisores que aprueben la canalización de asistencia a través de Undocufund San Francisco y que depositen en ese fondo los recursos que tienen las organizaciones públicas de San Francisco y así se distribuyan los recursos de forma más fácil para los indocumentados, dijo Castellanos.
“Ese fondo es para la gente indocumentada que necesita. Hay una aplicación simple y concreta que deben llenar”, dijo la codirectora de La Colectiva, aclarando que aunque la solicitud incluye una pregunta relacionada con la organización a la que pertenecen, las personas que no estén afiliadas a alguna de estas organizaciones y califican para la ayuda también la van recibir.
Una de las afiliadas a La Colectiva, desde hace siete años, Lourdes Dobarganes, una inmigrante indocumentada de 54 años, trabajadora de San Francisco quien desde la semana antes de la orden de cuarentena ya se había quedado sin trabajo y necesita ayuda.
Los 15 clientes a quienes dobarganes les limpiaba su casa le pidieron que no volviera a trabajar por temor a la transmisión del virus, al igual que las otras dos familias a las cuales les cuidaba a sus ancianos. Eso la dejó de la noche a la mañana sin su ingreso mensual de unos seis mil dólares.
Dobarganes le dijo al San Francisco Católico con mucha angustia que con sus ingresos ella pagaba una renta de tres mil dólares en Treasure Island donde vive con sus dos hijos, el mayor con un trauma cerebral y la hija quien es estudiante del City College de San Francisco. Además de los gastos de comida, servicios de agua, luz, internet y teléfono, ella le mandaba dinero cada semana a sus dos hermanas mayores que viven en México para las necesidades básicas de ellas.
“Todo el día estoy muy preocupada buscando ayuda, haciendo llamadas. Todo me estresa”, dijo.
A pesar del panorama oscuro, Dobarganes se muestra agradecida por la ayuda que recibe por parte de La Colectiva y por otras organizaciones comunales locales.
“Gracias a Dios que muchas de nosotras somos parte de estas organizaciones que nos ayudan a llenar aplicaciones, nos dicen dónde están dando comida, dónde hay algo más, porque todo es tan caro aquí en San Francisco, una caja de huevos vale casi ocho dólares aquí donde yo vivo”, dice.
“Hasta el momento —desde que dejó de recibir sus ingresos— la única ayuda económica que yo tengo en mis manos ha sido una tarjeta de 400 dólares que vino de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar a través de La Colectiva de San Francisco. Y tengo un número para llenar la aplicación de Undocufund cuando llegue mi turno”, dijo.
La tarjeta que ha recibido Dobarganes y lo que espera recibir por parte de Undocufund entre —500 a 1.000 dólares— son para comida. Todavía queda la preocupación de la renta.
“Yo tenía mucho miedo de no pagar la renta y que me desalojen, pero la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar nos asesoró cómo hablar con el dueño de la casa y La Colectiva me ayudó a escribirle una carta. Sin embargo, la preocupación sigue ahí porque ese dinero se va a acumular. Después van a ser seis mil o nueve mil dólares que tenga que pagar”, dijo
Dobarganes acaba de unirse a otra organización en San Francisco que está abogando para que las personas que han perdido sus trabajos por la pandemia no tengan que pagar la renta acumulada, dijo.
Los obispos católicos de California pidieron al gobernador Gavin Newsom a través de una carta enviada a finales de abril que amplíe la ayuda a las personas indocumentadas y de bajos salarios que viven en California "porque el virus no conoce la diferencia entre alguien que tiene los documentos legales correctos y aquellos que no los tienen", dijeron.
Aunque el gobernador Newsom anunció recientemente la creación de un fondo de asistencia para desastres de 125 millones de dólares para los californianos indocumentados, los obispos le han pedido que vaya más allá.
Los obispos miembros de la Conferencia Católica de California extendieron la siguiente lista de peticiones al gobernador Newsom.
“Expandir la elegibilidad del Seguro Estatal de Discapacidad (SDI) para trabajadores desempleados como resultado de COVID-19 que no califican para el Seguro de Desempleo (UI).
“Enviar los pagos de 1.200 dólares a todos los californianos que calificaron para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) el año pasado o este año, y a todo declarante que utilizó un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) y cumple con los mismos niveles de ingresos que el CalEITC; (pidió) ampliar permanentemente el CalEITC”.
“Ampliar permanentemente el CalEITC para incluir los contribuyentes con ITIN”.
De la misma manera los obispos le pidieron al gobernador que se asegure de que “el tratamiento para COVID-19 (no solo las pruebas) esté cubierto por Emergency MediCal” y de ampliar “las opciones de hotel sin o con bajo costo a los trabajadores que son esenciales, para mantener el suministro de alimentos de California; y poner más dinero a disposición de los bancos de alimentos y los distritos escolares para ampliar la capacidad de obtener alimentos e información sobre nuevos programas de ayuda para familias necesitadas”, detalla la lista de peticiones de los obispos de California intercediendo por los trabajadores sin documentos.